El Gobierno Federal promovió la Acción de Inconstitucionalidad 26/2026 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las leyes de Hacienda de 16 municipios de Yucatán, aprobadas en diciembre pasado por el Congreso del Estado.

El recurso busca frenar la aplicación del cobro mensual por el Derecho al Alumbrado Público, tarifa que actualmente ya es aplicada por varios ayuntamientos.

Las leyes impugnadas corresponden a los municipios de:

Cansahcab, Chankom, Chichimilá, Hoctún, Hunucmá, Kanasín, Kopomá, Muxupip, Tahdziú, Tepakán, Tetiz, Tixcacalcupul, Tixpéhual, Uayma, Umán y Valladolid.

De acuerdo con el recurso federal, este cobro municipal se suma al pago que ya realiza la ciudadanía a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que motivó la impugnación del Decreto 150/2025, publicado el 31 de diciembre del año pasado.

Posible impacto económico

La resolución que emita la Suprema Corte podría afectar los ingresos municipales obtenidos por este concepto, particularmente en municipios con mayor población y actividad económica como Valladolid, Umán y Kanasín.

Esta es la segunda ocasión en que el Gobierno Federal interpone una acción de inconstitucionalidad contra un decreto aprobado por el Congreso de Yucatán. El caso previo fue relacionado con la reforma al Poder Judicial estatal, la cual fue validada por la anterior integración de la SCJN.