En un esfuerzo por fortalecer la protección de los recursos naturales y combatir la deforestación ilegal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN) firmaron el pasado 23 de marzo un convenio de colaboración en el Ejido Bacalar, en Quintana Roo.

El acuerdo tiene como objetivo coordinar acciones en materia ambiental y agraria, especialmente en núcleos agrarios de la Península de Yucatán, una región que enfrenta una creciente presión sobre sus ecosistemas debido al cambio ilegal de uso de suelo y la expansión de actividades agropecuarias.

Entre las principales medidas, se contempla el intercambio de información entre las instituciones, la orientación a sujetos agrarios y la implementación de mecanismos para evitar la consolidación de actos agrarios vinculados con daños ambientales. Uno de los puntos clave es impedir la formalización de cambios de dominio en tierras donde se hayan cometido ilícitos ambientales.

La titular de Profepa, Mariana Boy Tamborrell, advirtió que en la región se ha vuelto común la venta o arrendamiento de tierras de propiedad social que posteriormente son desmontadas ilegalmente para agricultura intensiva. “Con este convenio, le vamos a cerrar la puerta a este tipo de procesos”, afirmó.

Como parte de las acciones, Profepa notificará a la PA y al RAN sobre resoluciones firmes relacionadas con cambios ilegales de uso de suelo forestal. A partir de ello, la Procuraduría Agraria deberá abstenerse de participar en asambleas ejidales que busquen validar estos cambios, lo que impediría su legalización, ya que su presencia es requisito para la validez de dichas reuniones.

Además, dichas resoluciones serán inscritas en el Registro Agrario Nacional para evitar que se formalicen modificaciones en la propiedad o destino de tierras ejidales y comunales.

El procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, señaló que hasta el 84.3% del territorio en Quintana Roo es propiedad social, lo que hace indispensable proteger estos espacios frente a la deforestación, el acaparamiento ilegal y la concentración de tierras.

Por su parte, el titular del RAN, Luis Cruz Nieva, destacó que el convenio busca no solo frenar el deterioro ambiental, sino también dar certeza jurídica y prevenir conflictos en las comunidades.

Durante el evento, autoridades y representantes ejidales coincidieron en que la coordinación institucional es clave para defender el territorio y fortalecer a los ejidos. Refugio Cano Gómez, presidente del comisariado del Ejido Bacalar, subrayó el compromiso de actuar de manera conjunta para frenar el deterioro ambiental.

Asimismo, se destacó la importancia de impulsar alternativas productivas sustentables como el turismo comunitario, el pago por servicios ambientales, el manejo forestal y los sistemas agroforestales, con el fin de garantizar ingresos para las comunidades sin comprometer los ecosistemas.

En los últimos años, diversas zonas del sureste mexicano han registrado procesos de deforestación asociados al cambio irregular de uso de suelo y a la expansión agroindustrial, lo que ha derivado en la pérdida de miles de hectáreas de selva y un aumento en la presión sobre ecosistemas de alto valor ambiental.