La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI Mérida) renovó su dirigencia para el periodo 2026, con el compromiso de fortalecer la profesionalización del sector y brindar mayor certeza en las operaciones de compra y venta de vivienda en el estado.

Durante la toma de protesta, la nueva presidenta, Claudia Patricia Pérez Aguilar, señaló que uno de los principales retos es avanzar en la certificación de agentes inmobiliarios, ya que actualmente menos del 10% cumple con los requisitos para obtener la licencia correspondiente.

Indicó que el crecimiento sostenido de Yucatán y la alta demanda de propiedades obligan a entender la actividad inmobiliaria no solo como un negocio, sino como un proceso que impacta directamente en el desarrollo urbano y en la protección del patrimonio de las familias.

En ese sentido, destacó que la licencia inmobiliaria representa un cambio de fondo en el sector, al exigir capacitación, ética y responsabilidad en la práctica profesional.

De acuerdo con datos de la asociación, en los primeros meses de 2026 se han impartido 90 horas de capacitación en 18 módulos, beneficiando a más de 250 personas interesadas en obtener la certificación.

A nivel nacional, el sector inmobiliario representa cerca del 8% del Producto Interno Bruto, además de ser un factor clave en el crecimiento de las ciudades. En 2025, los precios de la vivienda registraron incrementos de entre 8% y 10%.

Autoridades estatales y municipales coincidieron en que el crecimiento acelerado de la zona metropolitana de Mérida, que supera el 20%, hace necesario ordenar el desarrollo urbano y garantizar condiciones de seguridad jurídica para la ciudadanía.

Asimismo, se hizo un llamado a la población a realizar operaciones inmobiliarias únicamente con agentes certificados y verificar que los desarrollos cuenten con los permisos necesarios antes de adquirir una propiedad.

El marco normativo vigente establece que quienes deseen comercializar bienes inmuebles en Yucatán deben cumplir con al menos 50 horas de capacitación, como parte de las disposiciones del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado.