La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local presentó una iniciativa para tipificar como delito la cohabitación forzada de menores de edad, con el objetivo de sancionar a quienes induzcan, presionen o faciliten uniones equiparables al matrimonio.

La propuesta fue impulsada por la diputada Larissa Acosta Escalante, quien señaló que esta medida busca cerrar espacios de impunidad en prácticas que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Buscan proteger a menores de prácticas que vulneran sus derechos

Durante su intervención, la legisladora enfatizó que ninguna tradición o costumbre puede estar por encima de los derechos humanos, particularmente cuando se trata de infancias en condición de vulnerabilidad.

“Se busca evitar que menores sean llevados a dinámicas de vida para las que no tienen ni la madurez ni la libertad de decidir”, expresó.

Asimismo, subrayó que estas prácticas suelen ser normalizadas socialmente, pese a las consecuencias que generan en el desarrollo personal y educativo de quienes las enfrentan.

De acuerdo con cifras de UNICEF, cerca del 30% de las mujeres en Yucatán contrajeron matrimonio o iniciaron una unión antes de los 18 años, lo que en muchos casos deriva en abandono escolar y limita su desarrollo integral.

En este contexto, la diputada aclaró que la iniciativa no pretende criminalizar relaciones entre jóvenes, sino establecer mecanismos legales que protejan a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa contempla sanciones para quienes:

Induzcan o promuevan uniones forzadas Coaccionen a menores a vivir en pareja Faciliten condiciones para este tipo de prácticas

El planteamiento se sustenta en la obligación del Estado de garantizar la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

Plantean parlamentos abiertos sobre desaparición forzada

En otro tema, la legisladora también propuso la realización de ejercicios de parlamento abierto para abordar la problemática de la desaparición forzada, con la participación de colectivos de búsqueda.

Indicó que estos espacios permitirían a madres buscadoras expresar sus necesidades y visibilizar sus realidades, además de fortalecer la colaboración entre sociedad y autoridades.

Finalmente, hizo un llamado a que todos los sectores, especialmente el Gobierno del Estado, se involucren activamente para avanzar en la atención de este problema.