El presidente Nayib Bukele firmó una serie de reformas constitucionales que permiten aplicar cadena perpetua a menores de edad y adultos involucrados en delitos graves como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.

Las modificaciones, aprobadas previamente por la Asamblea Legislativa de El Salvador de mayoría oficialista, establecen que esta sanción podrá imponerse tanto a autores como a cómplices a partir de los 12 años de edad, marcando un cambio significativo en el sistema penal juvenil del país.

De acuerdo con la reforma, la aplicación de la cadena perpetua deberá ser revisada de manera obligatoria por jueces, quienes evaluarán factores como la gravedad del delito, la reincidencia o la existencia de agravantes, especialmente en el caso de menores.

Además, se contempla la entrada en vigor de nuevos juzgados especializados en materia penal a partir del 26 de abril, los cuales estarán encargados de revisar estos casos y determinar, bajo ciertas condiciones, la posibilidad de un régimen de libertad controlada.

Antes de esta modificación, la legislación establecía límites máximos de prisión para menores: hasta 20 años para adolescentes de 16 años y hasta 10 años para quienes tenían 12 años cumplidos, incluso en casos vinculados con pandillas.

Las reformas forman parte de una serie de cambios impulsados por el gobierno salvadoreño en materia de seguridad, en el contexto de su política de combate a las pandillas.

No obstante, estas medidas han generado críticas por parte de diversos sectores, que advierten posibles afectaciones al sistema de justicia y a los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como riesgos para el equilibrio institucional en el país.